REDACCIÓN DELAZONAORIENTAL.NET
Santo Domingo-Este sabado en la noche, luego de deliberar por varias horas Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), actuando como corte de apelación, ratificaron la prisión preventiva contra los imputados Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, la medida de coerción contra Alfredo Pacheco y variaron las impuestas a los demás implicados en el caso Odebrecht que apelaron el fallo del magistrado Francisco Ortega, dictado el pasado 7 de junio.
En el caso de Rondón, seguirá en la cárcel de Najayo por un año, mientras que Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y actual secretario de Finanzas del PLD, permanecerá allí por nueve meses, medidas de coerción son revisables cada tres meses.
Los jueces le variaron la medida de coerción a Conrado Pittaluga, y en lugar de prisión en Najayo estará bajo arresto domiciliario por nueve meses, mientras que a Radhamés Segura, Temistocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González impusieron el pago de una fianza ascendente a 15 millones de pesos como garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica el primer lunes de cada mes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa durante nueve meses.
En tanto que contra César Sánchez los jueces ordenaron la presentación de una fianza ascendente a 10 millones de pesos como garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica durante nueve meses; a Máximo de Oleo le fue impuesta una fianza de 5 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica, durante nueve meses.
Los magistrados ratificaron la medida impuesta al diputado Alfredo Pacheco consistente en el pago de una fianza de cinco millones de pesos.
Esta decisión contó con los votos disidentes de los magistrados Esther Casasnovas y Hirohito Reyes, de forma parcial y de la jueza Miriam German, de manera íntegra.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el miércoles 19 de julio a las 9:00 de la mañana.
El fallo fue dictado luego de que los jueces deliberaran por más de cinco horas.
El Ministerio Público había rechazado la solicitud de variación de las medidas de coerción interpuesta por los 10 de los 13 imputados en el caso e insistió en el peligro de fuga de los imputados, lo que fue refutado por los abogados.
Mientras que las defensas de los imputados pidieron al tribunal anular la medida de coerción dictada por el juez de instrucción especial Francisco Ortega y ordenar la libertad pura y simple de los implicados, o aplicar una medida menor.
