REDACCIÓN DELAZONAORIENTAL.NET
Desde el Municipio:
Por Juan López
En pleno proceso electoral se produjeron las trágicas e injustificadas muertes de dos destacados dirigentes políticos y candidatos, formalmente, proclamados por sus respectivos partidos: el peledeista Alcalde Juan de los Santos (15-12-15) y el miembro del PRM y ex Rector Mateo Aquino Febrillet (11-3-16).
Las dos muertes estremecieron y afligieron al país y en especial a la sociedad política dominicana.
La similitud de la inexplicable muerte de Aquino Febrillet, el pasado 11 de marzo, con el asesinato del Alcalde Juancito, de manera automática se asociaron con la otrora violencia electoral y nos inducen a una profunda reflexión sobre la intolerancia, imprudencia y serias dificultades que, internamente, están confrontando los partidos políticos en el actual y complejo proceso electoral.
El pueblo dominicano, desde finales del pasado Siglo XX, reconoce y admite los procesos electorales como espacios democráticos, institucionales, necesarios e instrumentos viables y perfectibles para seleccionar y/o cambiar, cada cuatro años, a los integrantes de los poderes legislativos, ejecutivos y gobiernos municipales.
En ese contexto, los partidos, movimientos políticos y sus respectivos candidatos están realizando sus actividades proselitistas para concluir, el próximo 15 de mayo, con las elecciones de Presidente, Vicepresidente; legisladores, alcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales para el período 2016-2020.
Las elecciones, conforme lo establece la Constitución de la República, se deben valorar como la fiesta de la democracia que conceden el derecho y la oportunidad al pueblo para mantener o cambiar sus autoridades mediante el voto secreto y universal.
Nuestra Constitución (Arts. 212 al 214) reconoce a la Junta Central Electoral (JCE) como la institución legítima para organizar y administrar los procesos electorales y al Tribunal Superior Electoral (TSE) como la instancia llamada a dirimir los diferendos y conflictos que afecten el normal funcionamiento de los partidos, así como las querellas y cuestionamientos con respecto a los resultados y acciones que vulneren el debido proceso y los derechos, democráticamente, adquiridos por los ciudadanos y sus organizaciones partidarias.
El pueblo dominicano, a través de la clase política y organizaciones de la sociedad civil, viene demostrando gran madurez, inteligencia emocional y ejemplar comportamiento cívico, así como su masiva y entusiasta participación en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales.
Es un deber cívico y patriótico de los ciudadanos, organizados o no, defender la paz política que reina en nuestro país y preservar el Estado social y democrático de derecho que respeta las libertades y la dignidad humana.
No podemos ser indiferentes ante las situaciones que, directa o indirectamente, afecten la paz y el sosiego del pueblo dominicano. Debemos levantar con firmeza y sin desmayar los valores de la solidaridad humana, la convivencia pacífica, el respeto a las libertades y al ejercicio de los derechos que son inalienables al ciudadano en una sociedad democrática y civilizada como la nuestra.
En ese propósito, es pertinente exhortar a todos los ciudadanos a participar, en forma democrática, pacífica y libérrima en el proceso electoral y, secretamente, emitir sus votos por el partido y candidatos que consideren más apropiados para la preservación de los supremos intereses de la Patria.
Para lograr este loable objetivo, los dirigentes y candidatos de los partidos políticos están obligados a poner en práctica el sabio mensaje de Benito Juárez cuando nos aconseja que: “Entre los ciudadanos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, que aspiramos a su permanencia por siempre en la R. Dominicana.
Vamos a reivindicar el ejercicio pacífico de los derechos políticos inherentes a la democracia para elegir a los titulares de los poderes ejecutivos, legislativos y de los gobiernos municipales para el período 2016-2020.
Exijamos a los dirigentes y candidatos de los partidos políticos a respetar los resultados de la voluntad popular que se expresará a través del voto secreto, y sus diferencias y cuestionamientos los canalicen adecuada y pacíficamente por los mecanismos institucionales establecidos (JCE y TSE) y a respetar sus resoluciones, a los fines de exhibir al mundo la madurez y paz política que, actualmente, se vive en la R. Dominicana.
13 de marzo del 2016.
