REDACCIÓN DELAZONAORIENTAL.NET
La Colectiva Mujer y Salud se siente consternada por la gravedad de las denuncias en torno al escándalo de pederastia que arropa a la Iglesia Católica y hace un llamado a las autoridades civiles, a los medios de comunicación y a la opinión pública para que no permitan que estos casos queden impunes.
“Hay buenas razones para temer que esto pueda ocurrir, vistos los precedentes de impunidad en casos similares y el comportamiento exhibido hasta ahora por las autoridades civiles y eclesiásticas”, expresan en un comunicado de prensa.
Deploran que desde el caso del albergue de San Rafael del Yuma en Higüey, si no mucho antes, han visto a la Iglesia Católica hacer todo lo que esté a su alcance para ocultar los abusos sexuales imputados a sacerdotes; obstaculizar las investigaciones policiales y judiciales, presionar los medios de comunicación para que le bajen el perfil a sus reportajes, e interferir con denunciantes y testigos mediante chantajes, presiones y sobornos.
Aseguran que el pronunciamiento del arzobispado de Santo Domingo el jueves pasado, deja pocas dudas en cuanto a la verdadera agenda de la Iglesia, “siendo motivo particular de preocupación su insistencia en negar o minimizar las acusaciones, así como su feroz embestida contra los medios de comunicación que se han atrevido a investigar y dar a conocer los hechos”.
“Lo que nunca hemos visto, ni aquí ni en ninguna parte, es a las autoridades eclesiásticas asumir un rol proactivo y de apoyo real –y no solo verbal- a las autoridades judiciales que investigan estos casos”, sostiene el Colectivo Mujer y Salud.
Añade que queda por verse con qué reglas va a jugar el Ministerio Público, “cuyos miembros están constitucionalmente obligados a aplicar las leyes sin distinción ni privilegio, al margen de convicciones personales y lealtades religiosas”.
“La lentitud -por no decir desidia- con que se ha estado moviendo la justicia en los casos de Bonao, Juncalito y Constanza no da lugar a mucho optimismo, como tampoco el que ninguna autoridad judicial se haya siquiera referido al hecho de que la jerarquía eclesiástica conocía de las acusaciones contra Wojciech Gil y Josef Wesolowsky, en vez de colaborar con las autoridades civiles, optaran por destituirles de sus cargos y permitirles abandonar secretamente el país”, sostiene la entidad feminista.
Agrega que los escándalos de pederastia y las dudas en torno al accionar de las autoridades civiles colocan nuevamente sobre el tapete el tema del Concordato y la necesidad urgente de derogar esa rémora trujillista.
“Queda por verse con qué reglas va a jugar el Ministerio Público, al margen de convicciones personales y lealtades religiosas”.
