REDACCIÓN DELAZONAORIENTAL.NET
Delegación de alcaldes del Gran Santo Domingo encabezada por el Presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, fueron recibidos por el Presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, a quien presentaron la necesidad de establecer una alianza horizontal con el Poder Legislativo para dar avance en la reformas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de fortalecimiento institucional municipal planteados en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
De modo concreto, Rafael Hidalgo, señaló que existe un conjunto de iniciativas legislativas cuya aprobación resulta fundamental para mejorar las capacidades de gestión de los ayuntamientos y superar algunas de las dificultades que enfrentan los ayuntamientos derivadas del marco legal vigente, contribuyendo así a un fortalecimiento de la gobernanza local. Este el caso de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, la Ley Orgánica de la Administración Local, la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, entre otras.
Asimismo, los acaldes presentes enfatizaron que la colaboración y coordinación con el Poder Legislativo es imprescindible para reconducir la tendencia que experimentan los gobiernos locales por la cual, como consecuencia de leyes aprobadas o iniciativas del Poder Ejecutivo que impactan en los municipios, se aumentan las atribuciones y responsabilidades de los ayuntamientos en un contexto en el que las finanzas municipales cada vez se encuentra más constreñidas, puesto que el monto de transferencias del gobierno central se mantiene estático año tras año y la participación en los ingresos del Estado ha ido disminuyendo hasta situarse en un 3%, inferior al porcentaje vigente en 1997.
Por último, y como consecuencia de los últimos acontecimientos producidos sobre la gestión del vertedero de Duquesa, los alcaldes del Gran Santo Domingo apelaron al apoyo del Senado de la República para que, en el marco de sus competencias, investiguen y resoluten de modo definitivo sobre la situación jurídica de los terrenos en los que opera dicho vertedero. Con ello se daría la oportunidad a las autoridades municipales de esta región a tomar medidas para solucionar la problemática en la gestión de un servicio tan primordial para los ciudadanos y ciudadanas como es la disposición final de los residuos sólidos.
