REDACCIÓN DELAZONAORIENTAL.NET
Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas de la República y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD- presentaron un estudio sobre la situación de los municipios el cual pone en evidencia serias y preocupantes inobservancia a lo que establecen la Leyes 176-07 y 10-04 en lo referente a la forma en que éstos son administrados y como utilizan los recursos público.
El estudio se realizó en el marco del proyecto de fortalecimiento institucional y operativo que implementa el organismo internacional en la entidad fiscalizadora de control externo.
El estudio presentado por Licelott Marte de Barrios, presidenta de la Cámara de Cuentas y Lorenzo Jiménez de Luís, representante residente del PNUD en el país, indica que a diciembre del 2012, las 387 entidades municipales analizadas administraron RD$19,165.26 millones de pesos, provenientes de los recursos captados por recaudaciones mediante transferencias vía presupuesto o mediante el cobro de tasas y arbitrios municipales, recursos equivalentes al 4.7% del gasto total del gobierno en el 2012, y que representan un monto similar a los gastos realizados en asistencia social o seguridad social.
En el caso de los ayuntamientos, el estudio señala que, en el 2012 recibieron alrededor de 16 mil 174 millones de pesos, superior a los recursos destinados por el Gobierno a la función de justicia y seguridad ciudadana; mientras que los distritos municipales administraron cerca de 2 mil 962.9 millones, recursos que serían equivalentes a otorgar las transferencias monetarias condicionadas del programa Comer es Primero a algo más de 400 mil familias.
En ese sentido los resultados del estudio indican que se evidencia debilidades o falta de mecanismos que permitan registrar ingresos y gastos conforme al Manual de Clasificadores Presupuestarios de los Ayuntamientos lo que resulta en inconsistencia en la información financiera e impide el debido monitoreo de los recursos que estas entidades reciben.
El estudio señala importantes debilidades en materia de registro contables y financieros de cumplimiento con los procedimientos contables y de control para compras y pagos y/o gastos que exceden los montos aprobados.
Por igual, los resultados indican que se incumple con lo establecido en la Ley No.176-07 que establece que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 25% en gastos de personal, un 31% en la realización de actividades y el funcionamiento de los servicios municipales; por lo menos un 40% para obras de infraestructura, adquisición, construcción y modificación de inmuebles y adquisición de bienes muebles asociados a esos proyectos, incluyendo gastos de pre-inversión e inversión para iniciativas de desarrollo económico local y social y un 4% dedicado a programas educativos, de género y salud.
Contrario a lo establecido, el estudio refiere que en 85 de estas entidades, el gasto en servicios personales sobrepasa el 25%, en 81 el gasto en servicios municipales supera el 31% que dice la Ley, mientras que en 98 se gasta menos del 40% en obras de infraestructura y en 100, el gasto en programas educativos, género y salud es inferior al 4% fijado por la Ley No. 176-07.
Con respecto a la práctica de presupuesto participativo, sólo 53 de 155 ayuntamientos y 36 de 230 distritos municipales reportan a la Cámara de Cuentas la participación de la comunidad en el destino del 40% de los fondos destinados a obras de capital; sin embargo señalan que no se ha encontrado evidencias de que se hace un seguimiento periódico al cumplimiento del compromiso asumido con la comunidad a través de esa herramienta.
En cuanto a la administración de las entidades municipales, el estudio señala serias discrepancias en las informaciones publicadas por la Contraloría General de la República que estaría reflejando solamente de manera parcial la nómina real de los gobiernos locales. El estudio determinó que la cantidad de empleados en estas entidades no guarda una correspondencia con la cantidad de servicios y necesidades que demandan sus habitantes. El análisis identificó el personal que labora en 126 ayuntamientos y 165 ayuntamientos Juntas de distritos municipales.
Durante la presentación del estudio se ofrecieron datos que evidencian lo costoso que resulta realizar una auditoría a estas entidades municipales, sobretodo en el caso de los distritos municipales, donde un auditoria tiene un costo promedio cercano al millón de pesos, ante la ausencia de registros y la forma desordenada de mantener las informaciones, y en algunos casos incluso la ausencia de documentos de soporte en las entidades municipales más débiles, sobre todo en los distritos municipales.
En otro orden, estudio presentado también indica como una problemática el que no se contempló algún mecanismo para ajustar los criterios necesarios en la creación distritos municipales, tomando en cuenta que en el 2007 cuando se promulgó la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios ya se habían creado cerca del 90% de los municipios y distritos municipales. Precisan que solo en el período 2000-2006 se crearon 22 municipios y 154 distritos municipales.
En ese sentido, al evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley para la creación de municipios, relacionados a la cantidad de habitantes y porcentaje de ingresos propios generados se determinó que en el caso de los municipios, solo 48 cumplen con los requisitos de tener una población mayor a 15,000 habitantes y generar ingresos propios superiores al 10% que se les asigna vía presupuestaria. En el caso de los distritos municipales apenas 11 estarían cumpliendo con tener más de 10,000 habitantes y generar ingresos propios por encima del 10% del monto transferido del Presupuesto.
Con respecto a la cantidad de habitantes en las entidades municipales, de los 155 municipios creados, solo 103 tienen más de 15,000 habitantes, y hay 31 municipios que tienen incluso menos de 10,000 habitantes.
En el caso de los distritos municipales, de 230 que habían creados al 2010, apenas 47 tenían la población que según dice la Ley deben tener para ser un distrito municipal.
El estudio también señala que a la hora de determinar la cantidad de municipios o distritos municipales por provincia, los criterios establecidos en la Ley 176-07 no son aplicados.
Otra de las cuestionantes planteadas en el informe presentado por la Cámara de Cuentas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- señala que algunas entidades municipales recibieron mayores/menores recursos a los que deberían debido a que la Tesorería Nacional utilizó la población registrada en el Censo 2002 debido a que sólo se tenían datos preliminares del Censo Nacional realizado en el 2010.
La investigación presentada se realizó a partir de las informaciones que las entidades municipales reportan a la Cámara de Cuentas, sobre la administración de los recursos públicos que reciben, así como con informaciones oficiales publicadas por la Oficina Nacional de Estadística, según los datos del Censo 2010, y por la Contraloría General de la República que presenta en su portal los registros de empleados de instituciones descentralizadas.
Al concluir, la Presidenta de la Cámara de Cuentas recomendó, ante la realidad presentada por el estudio, revisar el marco legal existente para las entidades municipales, a fin de que el mismo cumpla con criterios de desconcentración administrativa, así como realizar un diagnóstico a profundidad que incluya un levantamiento de la cantidad y competencias de los recursos humanos. Por igual diseñar una estrategia que garantice el necesario control interno y externo y la rendición de cuentas de las entidades municipales producto del consenso entre la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el Ministerio de Administración Pública. En el caso de los distritos municipales propuso diseñar una estrategia específica para el control interno y externo; y la rendición de cuentas.
3El estudio preliminar presentando a la prensa, previamente fue socializado en la mesa de las entidades afines al control que está conformada por Instituciones como la Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, Dirección de Compras y Contrataciones, Dirección de Crédito Público, Dirección de Contabilidad Gubernamental, Dirección General de Impuestos Internos, entre otras.
De acuerdo a la presidenta de la Cámara de Cuentas, el mismo pretende ser un primer análisis que aporte al conocimiento y promueva un estudio a profundidad de la situación de las entidades municipales en el país, que contribuya a identificar las estrategias más adecuadas para la rendición de cuentas de los recursos que estos reciben.
