REDACCION DELAZONAORIENTAL.NET
Por: Altagracia Paulino, Directora Pro Consumidor
El mes de abril no pudo ser más auspicioso para las metas contempladas en los planes estratégicos de Pro Consumidor y podemos decir con alegría que la verdad y la razón van de la mano con las buenas acciones que se emprenden con el corazón.
Podemos destacar como logros dos acontecimientos a los que nos habíamos adelantado, porque sencillamente los ciudadanos afectados así nos lo habían hecho saber y sirvieron de motor para impulsar y servir de voceros ante la opinión pública y convertir en acción los reclamos de las personas.
Destacamos como primero la Resolución de la Junta Monetaria mediante la cual se regula el servicio de la tarjeta de crédito, donde ya no se podrá cobrar más interés sobre interés y reclama un sistema de información que antes no otorgaban los bancos y, están obligados frente a sus clientes a ser más transparentes. Ya no se permitirán las letras chicas en los contratos de adhesión, y aunque ya el Consejo Directivo de Pro Consumidor había decidido que fueran letras 10, la decisión de la Junta Monetaria viene a fortalecer lo que establece el reglamento de los Contratos de Adhesión dispuestos por nuestra institución.
El otro caso al que también nos habíamos adelantado fue a la regulación de la tarifa de los colegios privados. Entendiendo los preceptos constitucionales visualizamos que las alzas de las tarifas en los colegios limitaban, discriminaban y violaban derechos constitucionales y, conociendo la educación como un servicio público y un derecho fundamental, este servicio en manos privada debía ser regulado por el Estado.
Por eso aplaudimos la decisión del Tribunal Constitucional que estableció mediante sentencia “que el Estado tiene la facultad para regular el sistema educativo tanto a nivel público como privado, y de condicionar las tarifas que cobran los colegios por el servicio que ofrecen”.
La sentencia del Tribunal Constitucional expresa que lo contrario sería desconocer la dimensión del Estado como regulador, y precisa que “no se puede trasladar y aplicar el concepto de libertad de mercado a la educación privada con fines de lucro”.
El sistema educativo privado ha profundizado la desigualdad social, ampliado la inequidad y segregado a los más vulnerables.
Nosotros agregamos que en un país donde cerca de la mitad de su población vive en la pobreza, no es justo que la educación esté sujeta al libre mercado, y que, como dijo Juan Pablo II, ese mercado está fundamentado en lo que él definió como capitalismo salvaje.
Bien por la Junta Monetaria y bien por el Tribunal Constitucional. Estas acciones nos conducen hacia el Estado Social y Democrático de Derecho que consagra nuestra carta magna.
