REDACCIÓN DELAZONAORIENTAL.NET
Santo Domingo.- El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, solicitó medida coerción contra la presentadora de televisión, Angie Patricia Agramonte Rojas, consistente en una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica, tras determinar posibles vínculos de asociación a una red criminal internacional que es objeto de investigación por narcotráfico y lavado de activos, esto a pesar de que esta misma unidad antilavados había ocultado el nombre de dicha presentadora porque no tenia ningún vinculo con el dinero incautado.
Las medidas, que incluyen el pago de RD$500 mil pesos como garantía económica, fueron solicitadas a los jueces de la Instrucción de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, se recuerda que a la joven presentadora le incautaron 300 mil dólares en su yeepeta propiedad, según la procuraduría de una colombiana quien abordó este vehículo y le venían dando seguimiento por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Germán Daniel Miranda Villalona, dijo que en el presente caso se procedió con una serie de variables que se requerían para completar el experticio y comparar declaraciones.
Declaró que una vez culminado ese proceso que estaba en desarrollo, en la etapa final se ha procedido a solicitar la medida de coerción contra la presentadora Angie Agramonte, por entender que existen elementos probatorios suficientes que podrían vincularla con la red internacional.
“El Ministerio Público ha venido actuando con profesionalidad y objetividad en este caso, por lo que no puede dejarse llevar por acciones que no sean el manejo de las pruebas o evidencias que vayan surgiendo en cada etapa del proceso de investigación”, manifestó el magistrado Germán Villalona, tras indicar que en el curso de las investigaciones, iniciadas producto de los allanamientos realizados el pasado mes de diciembre, se han encontrado nuevas evidencias que les llevan a presumir su involucramiento en el caso, por lo que procedieron a solicitar la medida cautelar correspondiente.
En la solicitud de audiencia para conocer las medidas de coerción, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, adscrita a la Dirección de Persecución del Ministerio Público, precisó que en conjunto con el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), ha estado desarrollando una investigación en contra de una organización criminal que se dedica a realizar actividades ilícitas de narcotráfico y lavado de activos entre los territorios de la República Dominicana, Venezuela, Colombia y Panamá, la cual está compuesta por ciudadanos de esas naciones, así como por personas que tienen doble nacionalidad o identidad.
Establece que a través de la investigación, desde sus inicios por ante la jurisdicción del Distrito Nacional, se pudo comprobar mediante vigilancia física y electrónica que en el Apartamento 7 C, de la Torre Último Arte, ubicada en la calle Paseo de Los Locutores, sector Ensanche Piantini del Distrito Nacional, era uno de los lugares que se utilizaban como centro de operaciones de la organización criminal.
Según la investigación en ese lugar se hacían los preparativos para ocultar y posteriormente mandar en maletas, especialmente de la marca High Sierra, adquiridas en Panamá, y a las cuales le preparaban doble fondo, grandes cantidades de dinero, el cual fraccionaban en fardos y cubrían con papel plástico, y sobre este, papel carbón, para evitar ser detectados por las máquinas de rayos x utilizadas en los aeropuertos.
Explican que en ese sentido, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, auxiliada por el DNI, solicitó y ejecutó una orden judicial de arresto en contra de la mayoría de los miembros de esa red criminal, previamente identificados, así como el allanamiento en las principales direcciones utilizadas por esa organización para la realización de sus actividades ilícitas de narcotráfico y lavado de activos.
Destacan que hasta la fecha se han practicado múltiples incautaciones de muebles e inmuebles, incluyendo grandes sumas de dinero. Se apresó recientemente en Haití un nuevo fugitivo que hacía labor de intermediación financiera en esa red criminal, y de igual forma, por la magnitud del caso en la lucha contra el crimen organizado, se ha procedido a solicitar la complejidad del caso ante los tribunales.
