REDACCIÓN DELAZONAORIENTAL.NET
Advierten reforma política es previa a otros cambios
Los candidatos presidenciales a las pasadas y los principales partidos de oposición formularon hoy un llamado al pueblo dominicano a unirse alrededor de una reforma democrática integral que incluya la elección de nueva Junta Central Electoral y nuevo Tribunal Superior Electoral independientes e imparciales, que no estén al servicio de los partidos políticos y cuyos integrantes sean escogidos en razón de su probidad, objetividad y capacidad profesional, y sin vínculos partidarios conocidos.
Señalan que los órganos electorales llamados a organizar los comicios y a dirimir los conflictos en la materia no pueden seguir estando al servicio de un partido político, en franco abuso a los principios democráticos más elementales.
La declaración está suscrita por los ex candidatos presidenciales Luis Abinader, Guillermo Moreno, Elías Wessin Chávez, Pelegrín Castillo, Minou Tavárez Mirabal, Zoraya Castillo y los principales directivos de los partidos Alianza País, Alianza por la Democracia, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Dominicanos por el Cambio, Humanista Dominicano, Reformista Social Cristiano, Revolucionario Moderno y Quisqueyano Demócrata Cristiano.
Loa candidatos y partidos exigen la aprobación de una nueva ley electoral que prohíba el uso y abuso de las funciones públicas y de los recursos del Estado con fines político-electorales. Las reglas de juego vigentes no aseguran ni ofrecen garantías de una participación justa en el plano político. Nuestro país requiere un sistema electoral con sanciones claras y ejemplarizadoras contra quienes idean, organizan y ejecutan delitos electorales. Las reglas inequitativas deben ser superadas de una vez y por todas si se quiere asegurar la celebración de elecciones democráticas en 2020, la paz social y la gobernabilidad democrática en el país.
Entre las reformas exigidas incluyen la aprobación de una ley de partidos que garantice la democracia, la transparencia sobre el origen y el uso de todos los recursos públicos y privados que reciben los partidos, la equidad de género, así como la equidad en cuanto al uso de los medios de comunicación y los espacios públicos, entre otros aspectos fundamentales. No aceptarán una ley de partidos carente de contenidos reales, cuyo objetivo primordial sea su uso propagandístico.
”Ante el colapso del sistema electoral, la pérdida generalizada de confianza y el progresivo derrumbe de la institucionalidad, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y prácticamente todas las instituciones más representativas del sector empresarial han asumido la denuncia que habíamos venido formulando, insistiendo en la necesidad de restaurar la confianza como prerrequisito para el mantenimiento de la gobernabilidad democrática en nuestro país.
Primero la reforma democrática
”Una vez establecidas las bases fundamentales para superar el sistema político inequitativo y poco transparente que nos rige y de restaurarse la confianza en los actores institucionales y las instituciones, el país podrá abocarse a discutir las múltiples medidas necesarias para enfrentar los graves desafíos y amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad”, plantea el comunicado.
Agregan que el establecimiento y cumplimiento de reglas auténticamente democráticas, junto a la selección de autoridades electorales independientes, creíbles y confiables, son prerrequisitos sobre los que deben asentarse las demás reformas y medidas que exige con urgencia la sociedad dominicana.
Precisa n que esa reforma democrática es prioritaria porque las elecciones del 15 de mayo pasado han sido las peor organizadas, menos transparentes y más corruptas de las últimas décadas, ya que estuvieron plagadas de acciones fraudulentas, delitos electorales e irregularidades de todo tipo que viciaron sus resultados.
Subrayan que en ese proceso el presidente de la República y candidato a la reelección usó y abusó de manera abierta tanto de su función como de los recursos del Estado y que el día de las elecciones los colegios electorales y sus alrededores se convirtieron en mercados de compra y venta de cédulas y votos.
Puntualiza que además de actuar de manera descaradamente parcializada, la Junta Central Electoral fue incapaz de organizar un proceso electoral diáfano, ordenado, transparente y legítimo.
Los equipos electrónicos que la JCE compró no cumplieron su cometido. El proceso de escrutinio fue irregular, caótico, incompleto y fraudulento. La mayor parte de estos hechos que alteraron los resultados electorales fueron constatados y documentados por las distintas misiones internacionales de observación electoral que dieron seguimiento al proceso electoral., como la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, la Misión de la Unión de Naciones Suramericanas, y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, citaron.
Destacan que igualmente Participación Ciudadana documentó y denunció las múltiples irregularidades que caracterizaron el proceso electoral. La conclusión es clara: al haber sido las elecciones del pasado 15 de mayo las peor organizadas y una de las más fraudulentas de nuestra historia democrática, tal como señala el informe de la Misión de Observación de la OEA, se impone una “reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral
